Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia

Berbiquí en linea 30

OCTUBRE DE 2005

CONTENIDO

EDITORIAL

Muchas preguntas cabe formular en torno al Holocausto del Palacio de Justicia.

¿Cómo lo militantes del M-19, entre los cuales había abogados, sociólogos, filósofos, concibieron que era una acción lógica la denominada “operación Antonio Nariño por los derechos del hombre”? Acción que consistía en una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se juzgara al Presidente de la República, demanda que llevaba como argumento y soporte principal los fusiles. Olvidaron los atípicos demandantes, que la razón de la Administración de Justicia es contraria a lo que ellos hacían, que una demanda armada niega desde el inicio la posibilidad de actuar del Juez, niega un juicio imparcial y contradice el trámite pacífico de los conflictos, verdadero ser del poder judicial.

¿Cómo es posible que integrantes de una organización con estructura militar decidieran retomar la ejecución de un operativo cuyo plan ya era conocido por el ejército contrario, en este caso el Nacional? Cuando dos fuerzas enfrentadas actúan en un conflicto, los planes conocidos por el enemigo son lógicamente descartados. La toma del Palacio de Justicia era un plan conocido por los militares colombianos, quienes detuvieron el 17 de octubre de 1985 a unos guerrilleros en posesión de los planos del edificio y del texto de la consigna para la operación proyectada, hecho que se publicó por los medios de comunicación del país sólo veintiún días antes de hacerse efectiva.

¿Cómo es posible que frente a claras amenazas en contra de los Magistrados de la Corte, se ordenó retirar la vigilancia oficial del edificio? ¿Era la Administración de Justicia una figura de decoración y utilería en la escena del poder público Colombiano? Si eso fuese así, encontraríamos la respuesta a otra pregunta: ¿por qué el Presidente del Poder Ejecutivo no le pasó al teléfono al Presidente del Poder Judicial?

¿Por qué razón un gobierno que se había preciado de dialogar con todos los alzados en armas, se negó a dialogar siquiera por unos minutos para liberar a los rehenes de la toma del Palacio?

¿Por qué las decisiones de ataque militar involucraron desde el inicio tanques ‘cascabel’, sin consideración a la ubicación de los rehenes? ¿Por qué se disparó un rocket contra el frontis del Palacio que ya ardía en llamas? ¿Por qué se disparó indiscriminadamente en dirección al baño que albergaba un número indeterminado de personas sin identificar si eran rehenes o combatientes? ¿Sería que para las Fuerzas Armadas todo el que ocupaba el Palacio de Justicia era su enemigo, tuviera armas o no?

Con once Magistrados calcinados, tres Magistrados Auxiliares igualmente muertos, un gran número de desaparecidos, ¿cuáles fueron las instituciones que se defendieron por las tropas y cuál la democracia que se salvó?

La impunidad que rodeó a todos los protagonistas de la toma y la contratoma del Palacio, que es igual a la impunidad de muchos homicidios de jueces y fiscales del país, ¿no será muestra de que en Colombia algunos piensan que hacen patria matando un Juez?

Por largos meses una inmensa bandera tricolor cubrió como simbólica mortaja el frente del Palacio de Justicia. Tal vez se pretendía ocultar con ella a los ojos del mundo y de quienes fuimos desde la distancia impotentes testigos del horror, los restos del operativo, ocultarlo de ojos que ardían por el llanto, del dolor y la indignación. Tal vez se pretendió poner en señal de triunfo la bandera del vencedor sobre el campo de batalla de los vencidos y entonces, esa bandera revelaba de manera subliminal que las leyes, la vida, la civilización, la democracia, habían sido vencidas en ese campo de batalla, que sólo las huecas formas de los símbolos patrios eran los vencedores.

Tal vez esa inmensa mortaja tricolor explique mejor que las palabras por qué las razones de Estado fueron superiores a la vigencia de los derechos humanos en aquel campo de batalla y muestre mejor de qué manera el sinsentido de recurrir a la Corte para la defensa de los derechos humanos bajo el argumento de las armas, dio como resultado la derrota no sólo de los extraños demandantes, sino además de sus pretensiones, los derechos humanos.

Sobre la puerta del Palacio campeaba la frase de Santander “Si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”, pero los hechos de noviembre de 1985, los hechos que son tercos y no escuchan argumentos, demostraron que frente a la lógica de los tanques, los fusiles, la pólvora, el fuego y el humo... las leyes y los hombres que las aplican eran sólo combustible para la pira encendida en honor a la diosa guerra.

No cesó el fuego de ese aciago noviembre, no ha cesado el fuego que cada día arrebata uno a uno muchos jueces y fiscales en el país, continuamos despidiendo con los ojos llenos de llanto a jueces y fiscales caídos bajo el fuego de las balas, con una justicia vestida de negro, más por el luto de sus muertos que por la solemnidad de su función.

Continuamos como el doctor Alfonso Reyes Echandía hace veinte años, clamando “que cese el fuego” y el Presidente de ahora, como el de entonces, permanece embelesado con el canto de las balas que no le deja oír la voz de los jueces.

Muchas preguntas sin respuesta nos dejó el Holocausto del Palacio de Justicia, muchos muertos ha puesto la Administración de Justicia en esta guerra y las armas no nos han dado la independencia ni las leyes nos han asegurado la libertad. Tenemos armas que no dan independencia y leyes proferidas a favor de la libertad de los culpables, leyes de indulto, amnistía o desmovilización, pero sin justicia ni reparación.

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