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| Editorial | 5 |
| La idea del derecho implícito Miguel Humberto Jaime Contreras | 7 |
| La función judicial en el nuevo orden mundial Socorro Vásquez Posada | 18 |
| La oralidad como norma rectoray su implementación en la etapa de ejecución de la pena Nelson Saray Botero | 25 |
| ¿Qué tanto ha logrado la Constitución del 91moldear una nueva sociedad colombiana? Tulio Elí Chinchilla Herrera | 33 |
| Créditos hipotecarios próximos a cancelarse. Crónica de un problema anunciado Oscar Ortiz Estrada, Carlos Ramírez Páez | 39 |
| Las fisuras de la democracia y el feminismo político Margarita María Peláez Mejía | 44 |
| La justicia absurda de Lewis Carroll Jaime Francisco Coaguila Valdivia | 53 |
| Presagio de muerte Dinamita | 57 |
| Reencuentro Cantabrisa | 60 |
No han corrido con suerte los proyectos de reforma a la justicia que en los últimos años ha presentado el gobierno ante el congreso. La tan esperada reforma que requiere cambios estructurales para acercarla a la ciudadanía ha fallado por diferentes motivos siendo los más esenciales que no fueron consultados los actores principales, los funcionarios judiciales y se improviso en los contenidos de la reforma, resultando los cambios propuestos mas de forma que fondo.
Uno de los ámbitos más importantes de la reforma a la justicia es el que tiene que ver con los mecanismos de selección de los magistrados de las altas cortes.
Con motivo de la elección de los seis nuevos integrantes de la corte constitucional corporación que renovara 2/3 partes de sus integrantes, elección a cargo del congreso, de las ternas conformadas por la corte suprema de justicia, por el consejo de estado y por el presidente de la república, trece reconocidas organizaciones de la sociedad civil entre los que se encuentran corporación excelencia en la justicia, congreso viable, transparencia por Colombia, instituto de ciencias políticas, ámbito jurídico, proantioquia, consejo privado de competitividad, invamer s.a., fedesarollo; Conformaron el colectivo “Elección Visible”, cuyo objetivo es el de “blindar de toda duda la legitimidad de los nominados”, para lo cual solicito a los nominadores que incluyeran en sus ternas dieciocho ciudadanos que tuvieran las más altas calidades, integridad académica, ética, profesional y personal y que se hicieran convocatorias y audiencias públicas para garantizar la publicidad, visibilidad y transparencia de la nominación y elección, trasparencia que se erige en la salva guarda de una sociedad democrática en garantía de los derechos ciudadanos.
Un estado democrático demanda unos magistrados probos, académica y jurídicamente preparados, con una conducta personal y social intachables, pero sobre todo independientes sin sujeción a la intervención indebida de los otros poderes.
Es fundamental que el Congreso como elector y la Corte Suprema, el Consejo de Estado y a Presidencia como nominadores se comprometan a observar un procedimiento que garantice que los candidatos no lo sean por consideraciones políticas sino que cumplan los más estrictos criterios de idoneidad ética, moral personal y profesional.
En la medida que la democracia se ha fortalecido en América Latina y se han venido dando reformas estructurales, el concepto de sociedad civil, ha cobrado importancia en las decisiones públicas y en la influencia de implementación adecuada de políticas públicas.
Es tan importante la participación de la sociedad civil que se puede identificar el grado de democracia de un país en la medida que cuente con una sociedad civil organizada. El ejercicio de la vigilancia sobre la gestión pública tiene amparo en el ordenamiento legal (ley 850 del 2003) y la facultad de elección y nominación de magistrados hace parte de la gestión pública, y en consecuencia, está sometida a la veeduría ciudadana.
La propuesta elevada por el colectivo elección visible, ya fue aceptada por el consejo de estado que abrió convocatoria pública para la inscripción remisión de hojas de vida y empezó a entrevistar a los aspirantes. La Presidencia anuncio que publicara la hoja de vida en la página web.
La elección de los magistrados de Corte constitucional es importante porque de ella depende que continúe y se fortalezca la doctrina constitucional a lo largo de estos 17 años a favor de los ciudadanos en materia de derechos sociales, económicos y culturales y continúe con el mismo vigor la tutela, institución tan cara a la sociedad colombiana.
Pocos saben que la institución más importante para mantener la independencia interna y funcional de la rama jurisdiccional es el consejo superior de la judicatura, toda vez que su sala administrativa maneja el presupuesto y se encarga del funcionamiento de la rama en lo que concierne a capacitación, concursos, elaboración de listas, evaluación de los despachos judiciales en cuanto al rendimiento; y la sala disciplinaria investiga a los funcionarios judiciales y a los abogados, decide los conflictos de competencia y en segunda instancia las acciones de tutela interpuestas ante los consejos seccionales de la judicatura.
La constitución del 91 determino que los magistrados de la sala disciplinaria fueran ternados por el presidente y elegidos por el congreso. Como está concebida la norma ningún presidente podría ternar a mas de 2 magistrados, pero por la reelección el presidente terno a 5 y si se aprueba la reelección para el 2010, captaría la totalidad de los 7 integrantes de la sala, hecho sumamente grave porque pone en entredicho la independencia de tales funcionarios en su delicada función sancionatoria y en las acciones de tutela, la mejor muestra de ello, es la decisión reciente en la tutela que ordeno dejar sin efecto jurídico los apartes de la sentencia de la corte suprema donde se menciona al ministro de la protección social.
La falta de un criterio serio en la nominación de candidatos se hizo evidente en las últimas elecciones las que estuvieron presididas de cuestionamientos por hechos suficientemente conocidos y delo s que han dado cuenta los medios de comunicación.
Una reforma judicial que debe contemplar entre otros importantes temas estructurales como la nominación y elección de los magistrados de las altas cortes pero no bajo la sombra de un estado de excepción, que sería todo menos integral y la que necesita el país y la justicia en la que deben participar todas las fuerzas vivas del país.
En buena hora surgen iniciativas como las del colectivo “Elección Visible”, que propende por la dignificación del administración de justicia, iniciativa bien recibida por la opinión pública y por los funcionarios judiciales quienes la deberán reforzar con el fin de hacer realidad el estado democrático de derecho. Solo con los mejores ciudadanos en las altas cortes se garantiza que sus decisiones tengan legitimidad y de esta manera se pueda restablecer la confianza ciudadana.
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