Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia

Medellín, 06 de mayo de 2010

COMUNICADO DE APOYO A LA JUDICATURA HONDUREÑA

EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA (COLOMBIA), se  solidariza y apoya al hermano país de Honduras, en especial, a su poder judicial del cual como Latinoamericanos, nos sentimos orgullosos, en los difíciles momentos por los cuales atraviesa y presenta una reflexión que espera, pueda ayudar en la solución de la crisis.

En los momentos vividos en Honduras, es preciso llamar a la reflexión a toda su comunidad jurídica y en especial, a la rama judicial en cabeza de su Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la cual tiene en sus manos la decisión de proceder en justicia, en derecho, sin afectar la Imparcialidad y la Independencia Judicial, en los juicios seguidos a sus compañeros Jueces RAMON ENRIQUE BARRIOS, LUIS ALONSO CHAVEZ DE LA ROCHA, GUILLERMO LOPEZ LONE, la Magistrada TIRZA DEL CARMEN FLOREZ  y el Defensor Público OSMAN FAJARDO MOREL. Ellos afrontan procesos disciplinarios por haber asumido una postura jurídica diferente a la esperada por sus superiores jerárquicos, en defensa del estado de derecho, a raíz de la crisis político jurídica que vive la nación.

Es necesario que LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE HONDURAS, como faro  del poder judicial, muestre  a la comunidad internacional y a sus conciudadanos, que una democracia entraña muchas veces, asumir posturas diferentes en la judicatura. Ello se da, porque los jueces deben decidir libremente, sin que se tengan que acallar sus voces solo por temor a las sanciones que tal proceder pueda entrañar. El Juez es garante de democracia, y como tal debe hacer valer y respetar ese principio democrático en el ejercicio de su función.

 Es necesario en los momentos de crisis, fortalecer las instituciones y evitar las fisuras y las divisiones al interior del órgano judicial. Este debe dar muestras de madurez y respeto por la diferencia, con tolerancia y respeto de los criterios jurídicos sustentados por los disidentes de la mayoría. Debe evitarse sembrar odios, rencores por diferencias profundas y difíciles de sanar,  que nada ayudan en la construcción de una democracia. Cuando en un país sus jueces se sienten amenazados por ejercer el derecho a la diferencia y no se garantiza la libertad de expresión, se derrumba la democracia construida y se vuelve por los caminos de la intolerancia y la barbarie; se retrocede años en la construcción de la democracia.

El Juez no es solo un garante de los derechos de los ciudadanos; también es un ciudadano, que tiene criterio y posibilidad de expresión; requiere asumir posturas que legitimen su función en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esa labor, no es solo necesario que sea independiente, también tiene que ser imparcial y respetuoso del ordenamiento. Cuando un Juez juzga a otro, su misión se vuelve más estricta; se exige más prudencia, más tino y más respeto por su par, cuidándose de que no salgan a flote diferencias que afecten su imparcialidad. Debe garantizarse el respeto a un debido proceso, a un juicio justo, imparcial y desprovisto de sentimientos que pueda violentar garantías fundamentales que en última instancia socaban la democracia de una nación.

La crisis institucional vivida por el hermano país de Honduras, genera expectativas en toda la comunidad, la cual está alerta para que la democracia retorne a todas y cada una de sus instituciones. Como jueces hermanos, el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia  clama porque al interior de la judicatura hondureña no se presenten fracturas que afecten la democracia. Esperamos que ésta retorne sin atropellar ni violentar los derechos de ningún ciudadano y sin mancillar la majestad de la justicia. Nuestro colectivo judicial en Antioquia, Colombia, espera de ustedes Honorables Magistrados, un respeto justo y ecuánime a la diferencia, un respeto indeclinable a la figura del Juez  independiente e imparcial, para que el ciudadano pueda dormir tranquilo confiado en contar con una  Judicatura respetuosa de los derechos y deberes constitucionales y se convierte por tanto, en esperanza de la ciudadanía en la salvaguardia de sus derechos.

El ejercicio democrático de la función judicial en los estados  de derecho, se estructura en el papel de garante del ordenamiento jurídico conferido a los jueces en favor del ciudadano, con la protección a este desde la judicatura, de sus derechos fundamentales y del aseguramiento de que todos los actos del poder estatal respeten el principio de legalidad. El ejercicio de la función judicial así entendida, precisa el respeto del principio fundamental de la independencia, tanto externa, como interna. Esto es, repele al juez, toda injerencia en su criterio tanto por los componentes externos a su cargo, como de los propios órganos internos, diferente este último elemento, del trámite y efectos de los recursos propios del debido proceso. Solo en la medida en que el juez sea totalmente independiente en el ejercicio del cargo, podrá la ciudadanía sentirse respetada en sus derechos.

El Juez no puede sustraerse al contexto social en el cual ejerce su cargo. Si este como en el caso de Honduras, plantea una honda crisis política, la rama judicial debe situarse allí en ese momento histórico, con la finalidad de salvaguardar los derechos  fundamentales de los ciudadanos afectados y debe llamar al orden legal a todo el estamento estatal. Ello no representa violación al principio de separación de poderes, sino cumplimiento de la sagrada función garantista asignada a la función judicial. El juez desde la realidad social, efectúa la lectura y respuesta ante los hechos generadores de la violación del estado de derecho, el cual está llamado a proteger desde su función.

Por ello, este colectivo considera que se convierte en una grave violación del principio de independencia interna de los funcionarios judiciales mencionados, las investigaciones disciplinarias adelantadas en su contra, en razón de posiciones jurídicas asumidas frente a los hechos sociales en medio de los cuales ejercen su labor. Estas investigaciones indudablemente comportan una afectación  para la función garantista de los jueces hondureños, lo cual repercute profundamente en los derechos ciudadanos; se convierte en un mal precedente. Es muy grave para una democracia pretender acallar la voz de los jueces, cuando reclaman y exigen respeto al orden constitucional y más cuando el silencio se impone desde el propio poder judicial, encargado de la guarda de la constitución y la protección de los derechos fundamentales ciudadanos.

Con la actuación objeto de repudio hoy por la comunidad jurídica internacional y por esta colegiatura, se genera un peligro para la estabilidad del ordenamiento jurídico. Se crea un clima de intimidación. El debido control del principio de legalidad en un  estado, solo puede asumirlo el funcionario independiente, autónomo y comprometido con los efectos de sus decisiones en el grupo social.

En razón de lo anterior el COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, COLOMBIA, invita a la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS  a reflexionar hondamente en el principio de la independencia judicial, en la autonomía demandada para el ejercicio de la función del juez, al momento de emitir una decisión jurídica frente a los citados funcionarios judiciales, comprometidos en su ejercicio judicial, en el respeto a los principios del estado democrático de derecho.

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