Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia

COMUNICADO:

EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, profundamente preocupado por el efecto que están causando los continuos pronunciamientos del señor Presidente de la República, doctor ÁLVARO URIBE VELEZ  y de algunos altos dignatarios de su gobierno, como el señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor FABIO VALENCIA COSSIO, emitidos frente a las decisiones tomadas por los Jueces de la República, en los procesos que se siguen contra la llamada “parapolítica” y frente a algunas personas que han hecho parte del gobierno, incursas en conductas violatorias del ordenamiento, se permite EXPRESAR:

1.       Que con dichos pronunciamientos se crea un permanente ambiente de cuestionamiento y desinstitucionalidad de la judicatura, respecto a las otras ramas del poder; esas palabras colocan en condiciones de vulnerabilidad a los señores jueces, al situarlos en la palestra pública en medio de la polarización latente en el país.

2.       Que esta situación tiende a agravarse por la desinformación de la comunidad, la cual recibe fuertes  pronunciamientos del ejecutivo central, reproducidos a nivel departamental y municipal, con el objeto de cuestionar y descalificar la labor del Juez. Estas manifestaciones son repetidas con gran resonancia por los medios de comunicación y dan pie para el convencimiento popular de que el Juez es un corrupto y por tanto su labor es perjudicial. Así se deslegitima al funcionario ante    la sociedad, la cual no tiene entonces miramiento alguno en arremeter contra él. No   se crea conciencia ciudadana de que el juez está constituido como guardián de sus derechos y que por tanto, merece toda su protección y respeto. Esto ha desembocado en múltiples ocasiones en hechos totalmente censurables, como agresiones e incluso asesinatos en los que las víctimas han sido funcionarios que llegan a pagar con su vida, el cumplimiento del deber que la misma sociedad y la Constitución les han asignado.

3.       Las descalificaciones del alto gobierno nacional frente a la judicatura, desconocen que en un Estado Social de Derecho, las decisiones de sus integrantes están por fuera de las políticas de Estado, pues su actuar está determinado y enmarcado por la Constitución y las Leyes.

4.       La ausencia de autonomía e independencia para el cumplimiento de la sagrada labor que la misma sociedad le ha asignado al juez, implica sepultar el concepto de Estado Social de Derecho definido en nuestra Constitución Política y retornar a la barbarie propia de comunidades primitivas de individuos, en las que se imponía la ley del más fuerte, sin control o regulación diferente a su propia autodeterminación.

Por lo anterior invitamos a la ciudadanía y  a sus gobernantes,  a cambiar de actitud frente a la Rama Judicial, a denunciar concretamente lo que creen que es irregular, sin ánimos revanchistas y mucho menos populistas, cumpliendo el deber de todo ciudadano de colaborar con la administración de justicia y de contribuir para la construcción de una sociedad justa y respetuosa de sus instituciones.

JUNTA DIRECTIVA

• < Comunicado del presidente de la federación sobre la acción de grupo de indexación del año 2000
• Nota oficial Redlaj >